Una sentencia recuerda a los alcaldes que no pueden prohibir los toros

Una sentencia recuerda a todos los alcaldes de España que, por detractores que sean de la tauromaquia, tienen la obligación constitucional de salvaguardarlos.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, en un fallo contra el Ayuntamiento de Villena por prohibir el pasado septiembre una corrida de toros dictó lo siguiente: «Los poderes públicos, desde sus respectivos ámbitos de competencia, deben ejercer una acción de salvaguardia de la tauromaquia».

En nuestro caso mas cercano, concretamente en la capital aragonesa el equipo de gobierno de Santiesteve (Zaragoza en Común) a lo largo de esta legislatura ha prohibido expresiones taurinas en los barrios zaragozanos, algo que sería constitucionalmente ilegal.

La sentencia recuerda la doctrina constitucional de «preservación del patrimonio cultural común», que engloba a la tauromaquia, y afirma que ningún posicionamiento político puede sortear esa máxima: ninguna ciudad española, pues, «constituye una excepción a esta máxima establecida legalmente».

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